Victor Andrés Fica¹, Pablo Villalobos Dintrans ^2,3,4,5, Jorge Browne ^4,6

¹ Facultad de Administración y Economía, Universidad Diego Portales (UDP), Santiago, Chile.

² Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Mayor, Santiago, Chile

³ Centro de Observación y Análisis de Datos en Salud (CADS), Universidad Mayor, Santiago, Chile

⁴ Millennium Institute for Care Research (MICARE), Santiago, Chile

⁵ Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe (RIES-LAC)
Santiago, Región Metropolitana, Chile

⁶ Sección de Geriatría, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

The Chile LTC profile is also available in English here.

Chile carece de un sistema formal de cuidados de largo plazo (CLP). La atención para las personas mayores, con discapacidad y con dependencia funcional recae en su gran mayoría en la servicios informales prestados por la familia, carga que asumen principalmente las mujeres (1). Recientemente, el país ha aprobado una ley para crear un Sistema Nacional de Cuidados (2).

Los primeros pasos para atender las necesidades de cuidados en Chile se dieron en 2004 con la creación del Subsistema Chile Solidario, posteriormente renombrado como Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Dentro de este marco, se encontraba el Programa Integral de Apoyo para Adultos, cuyo objetivo era brindar apoyo psicosocial y servicios de cuidado a las personas mayores. Sin embargo, el primer intento de consolidar y organizar iniciativas relacionadas con el cuidado se produjo en 2015, con la creación de Chile Cuida—que formaba parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (SIPS)—, cuyo objetivo era coordinar acciones públicas y privadas entre sectores para abordar diferentes niveles de dependencia funcional (1). El programa central de este subsistema fue la Red Local de Apoyos y Cuidados (RLAC), que traspasó las tareas de evaluación, derivación y seguimiento de casos a los gobiernos municipales. La Red Local de Apoyos y Cuidados comenzó con un programa piloto en 12 municipios; para 2022 operaba en 89 municipios y en 2025 abarcaba 215 de los 346 municipios del país (3). Sin embargo, estas iniciativas no fueron diseñadas como un sistema de cuidados de largo plazo propiamente tal, sino que fueron diseñadas e implementadas de forma aislada y, si bien son esfuerzos valiosos, no han podido satisfacer la creciente demanda de servicios de cuidados de largo plazo.

Recientemente, Chile dio un paso más hacia la construcción de un sistema formal de cuidados a largo plazo. En 2024, el país aprobó la primera Política Nacional de Apoyos y Cuidados 2025-2030 (PNAC), que establece las bases para el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC)— considerado como el cuarto pilar de la protección social (1). Se ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley para institucionalizar formalmente el nuevo plan nacional de cuidados. Mientras tanto, Chile continúa atendiendo las necesidades de cuidados a través de más de 50 programas fragmentados distribuidos en cinco ministerios, que brindan apoyo descoordinado sin una arquitectura de sistemas, un mecanismo de financiamiento específico ni una cobertura adecuada (1,4). La Ley Chile Cuida (Ley 21.805), promulgada en febrero de 2026, tiene como objetivo crear el sistema chileno de cuidados y podría convertirse en una regulación general para el sector de los cuidados de largo plazo (2).

A nivel nacional, la responsabilidad de la política de cuidados se distribuye entre varios ministerios, sin que ningún organismo tenga autoridad legislativa integral sobre los cuidados a largo plazo. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) lidera el proceso de desarrollo de los programas necesarios para brindar cuidados a través del Consejo Asesor Presidencial Interministerial (CAPI), un consejo asesor de diez ministerios copresidido por el MDSF y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Dentro del MDSF, la Subsecretaría de Servicios Sociales funciona como secretaría técnica del Consejo. Otros actores institucionales claves incluyen: el Ministerio de Salud (que gestiona la atención médica domiciliaria, los cuidados paliativos y los servicios para personas con enfermedades crónicas); el Servicio Nacional de la Discapacidad (que coordina los servicios de apoyo y la tecnología de asistencia para personas con discapacidad); y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (que administra centros residenciales y programas de envejecimiento activo para personas mayores).

A nivel local, los municipios prestan servicios de atención fragmentados a través de la Red Local de Apoyos y Cuidados y los Centros de Atención Primaria de Salud. La nueva política nacional de atención contempla un modelo de gobernanza intersectorial con funciones definidas para los actores nacionales y locales, pero esta estructura aún no se ha establecido formalmente.

Los programas públicos relacionados con la atención sanitaria se financian mediante impuestos generales, distribuidos entre varias partidas presupuestarias ministeriales.

La nueva política nacional de cuidados se compromete a establecer un modelo de gestión financiera para el nuevo plan nacional de atención. Sin embargo, no se ha definido una fuente de ingresos específica —ya sea a través de contribuciones al seguro social o impuestos con fines específicos— lo que plantea desafíos tanto  de la financiación del sistema como su sostenibilidad fiscal a largo plazo (5). Esto es relevante dado que el envejecimiento acelerado de la población y la disminución sostenida de la tasa de fertilidad reducirán la oferta de cuidados familiares informales, lo que ejercerá una presión creciente sobre los sistemas públicos de cuidados de largo plazo tanto a nivel mundial (6-8) como en Chile (4,9). En este contexto, el debate sobre si los países latinoamericanos como Chile deberían transitar hacia un modelo formal de seguro social para la atención a largo plazo está cobrando mayor relevancia (4,10,11).

Chile no cuenta con un sistema regulatorio integral para el cuidado a largo plazo. Los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), están sujetos a un marco regulatorio sanitario especifico (12), que establece estándares para la instalación, operación, contratación de personal e infraestructura tanto para instalaciones públicas como privadas. La supervisión y el cumplimiento son compartidos entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y las Secretarías Ministeriales Regionales de Salud (SEREMIs); éstas últimas, responsables de la autorización y las inspecciones anuales. Una proporción significativa de estos establecimientos opera de manera informal o sin la acreditación correspondiente, situación que se hizo evidente durante la pandemia de COVID-19 (1). No existen calificaciones públicas de calidad para los proveedores de cuidado residencial.

Los servicios de apoyo para personas con discapacidad están parcialmente regulados por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) en virtud de la Ley 20.422, que establece el derecho a la tecnología de asistencia y a los servicios de apoyo, y exige estándares mínimos a las organizaciones que reciben financiamiento público.

Para la atención domiciliaria y los servicios comunitarios, no existe un sistema de acreditación ni de control de calidad. La nueva política nacional de apoyos y cuidados identifica la ausencia de un marco regulatorio integral como una deficiencia estructural fundamental y propone establecer estándares de calidad, mecanismos de control y acreditación de proveedores como componentes de la nueva arquitectura de gobernanza del plan nacional de atención (5).

La ausencia de un sistema formal de cuidados a largo plazo implica que los servicios financiados con fondos públicos están fragmentados. El sistema se centra en prestaciones en especie que se ofrecen a través de programas dirigidos principalmente a los hogares, según lo evaluado por el Registro Social de Hogares (RSH). Se han identificado más de 50 programas como parte de la oferta de prestaciones de cuidados en los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y de la Mujer y la Equidad de Género, junto con 16 programas asociados (1). Estos programas no están coordinados bajo una gobernanza común, lo que genera duplicación de poblaciones y deficiencias en los servicios para otras, en particular para las personas mayores con dependencia leve y moderada, que no cumplen los requisitos para recibir intervenciones específicas (1).

La Red Local de Apoyos y Cuidados es el principal programa que ofrece servicios de cuidados de largo plazo, tanto comunitarios como en el hogar. Su cobertura territorial se ha expandido de 22 municipios en 2018 a 215 (de un total de 345) en 2025 (3). A pesar de este aumento de la cobertura territorial, la cobertura poblacional sigue siendo un problema, ya que el alcance intermunicipal permanece sin monitorear (26). Los trabajadores sociales de la Red Local de Apoyos y Cuidados realizan evaluaciones, coordinan derivaciones a los programas disponibles y brindan seguimiento a los hogares con personas dependientes. Los servicios de atención médica domiciliaria son brindados por los Centros de Salud Familiar (CESFAM) como parte de la red de atención primaria de salud, aunque su alcance y horas asignadas son limitados. Los centros de atención diurna para adultos mayores y personas con discapacidad son administrados principalmente por los municipios, con una variación geográfica significativa en la disponibilidad. Se ha implementado un programa piloto de teleasistencia para adultos mayores en situaciones de aislamiento social.

En 2022 se creó un Registro de Cuidadores, que otorga reconocimiento oficial a los cuidadores informales y los vincula a beneficios como el acceso preferencial a servicios de salud y subsidios. La Red Local de Apoyos y Cuidados proporciona apoyo y capacitación a los cuidadores como parte de sus intervenciones a domicilio. La Ley 21.645 (2024) reconoció derechos laborales específicos para los trabajadores con responsabilidades de cuidado no remuneradas, incluyendo modalidades de trabajo flexibles (30). Por ejemplo, la reforma de la semana laboral de 40 horas incorporó disposiciones de horarios flexibles para los cuidadores principales registrados, estableciendo que los empleadores deben ofrecer la opción de trabajar a distancia o desde casa a las personas que realizan tareas de cuidado. Existe un beneficio mensual en efectivo de 33.000 pesos chilenos (aproximadamente US$37) para los cuidadores de personas con discapacidades severa en situación de pobreza, pero la cobertura es muy limitada. En términos generales, se han realizado esfuerzos para incentivar el cuidado informal, una práctica que, según advierte la literatura internacional, puede generar efectos adversos en la participación en el mercado laboral de los propios cuidadores (6,8). Esta preocupación es particularmente relevante en Chile, donde la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el 33,9% de las mujeres reportan que su principal razón para no participar en el mercado laboral es la dedicación a labores domésticas y de cuidado familiar no remuneradas (31). Las tareas de cuidado también constituyen la principal razón para no trabajar entre las personas que se dedican al cuidado de otros (32).

La atención residencial (institucional) a largo plazo se presta a través de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), que incluyen residencias de ancianos, centros residenciales y establecimientos similares. El número total de centros de atención de cuidados de largo plazo formalmente registrados ronda los 880, con capacidad para 23.706 residentes (35,36). El sector es predominantemente privado, con proveedores tanto con fines de lucro (el 80% de los establecimientos, aproximadamente) como sin fines de lucro (el restante 20%) (36).

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) coordina 22 residencias de ancianos financiadas con fondos públicos, gestionadas por fundaciones y autoridades locales, y cofinancia plazas en residencias privadas sin ánimo de lucro para personas mayores en situación de pobreza que no pueden costearse la atención (35). Los centros varían desde pequeñas residencias de estilo familiar hasta residencias más grandes, muchas de ellas ubicadas en edificios residenciales reacondicionados para labores de cuidados. Existen requisitos de registro y acreditación, pero la nueva política nacional de atención identifica el desarrollo de estándares de calidad y el diseño de un sistema del seguimiento y supervisión de las prestaciones como un reto constante (3).

Chile ha desarrollado varias iniciativas para promover entornos amigables para personas mayores y personas con discapacidad. El país ha participado activamente en programas como Ciudades Amigables con las Personas Mayores, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud, con más de 200 ciudades y comunidades participantes (37,38). El SENAMA ha desarrollado espacios comunitarios seguros y programas comunitarios para promover el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores. A nivel urbano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha incorporado estándares de accesibilidad en el diseño de viviendas públicas, y algunos espacios públicos municipales se han adaptado en el marco de las agendas de ciudades accesibles. Sin embargo, no existe una estrategia nacional integral para entornos amigables para las personas mayores y con discapacidad.

La información sobre la fuerza laboral de cuidados de largo plazo en Chile es escasa y en gran medida indocumentada. Los cuidadores familiares no remunerados —predominantemente mujeres (aproximadamente 70%)— siguen siendo los principales proveedores de cuidados, constituyendo el segmento más grande de la fuerza laboral del sector; la mayoría de los cuidadores también son personas mayores (73%) (24,32).

La mayor parte de la atención la prestan cuidadores no remunerados que viven en la misma casa que las personas con necesidades de cuidados de largo plazo; solo el 8% de quienes prestan servicios de cuidados reciben una remuneración (32). Los cuidadores remunerados son en su mayoría trabajadores domésticos, muchos de ellos sin contrato laboral, cobertura de seguridad social ni formación formal (definidos como trabajadores informales). Las ocupaciones formales en el sector de los cuidados incluyen enfermeros, técnicos en enfermería (TENS, la ocupación formal más extendida), terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, kinesiólogos y psicólogos, que trabajan en residencias de ancianos, centros de día, equipos de salud comunitarios y servicios de atención domiciliaria. Los salarios y las condiciones laborales en el sector de los cuidados suelen ser inferiores a los del sector sanitario, con una alta rotación de personal y escasas oportunidades de desarrollo profesional. Los trabajadores domésticos están amparados por la ley de trabajadores domésticos (introducida en 2015), que ofrece una protección mínima, pero no reconoce las competencias específicas para los cuidados de largo plazo ni crea marcos de carrera profesional. Uno de los objetivos estratégicos de la nueva política nacional de cuidados se compromete explícitamente a promover el trabajo decente para los cuidadores remunerados, incluyendo la formación, la certificación y la formalización. El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) gestionan programas de formación y certificación de competencias para trabajadores del sector de los cuidados, aunque estos solo llegan a una pequeña parte de la fuerza laboral.

Las proyecciones han mostrado que las necesidades del país en cuanto a capital humano para el cuidado, incluyendo a los cuidadores formales y profesionales de la salud, aumentarán notablemente en los próximos años (39). La brecha de cuidadores formales superaba las 10.000 personas en 2020 (40).

Chile no cuenta con un sistema integrado de información sobre cuidados de largo plazo (5). La fuente de datos nacional más completa sobre esta temática es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), que se aplica de forma bianual y proporciona estimaciones a nivel poblacional de discapacidad y dependencia funcional (desde 2015), pero no está vinculada a los registros de los programas de cuidado. En 2022, el país también realizó una Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) destinada a estimar la prevalencia de la dependencia en Chile (24). La Red Local de Apoyos y Cuidados recopila datos de vulnerabilidad socioeconómica utilizados para la focalización de programas, pero no captura información específica sobre dependencia funcional. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) realiza un seguimiento de algunos indicadores de desempeño para programas individuales.

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) mantienen registros administrativos separados de sus respectivos programas e instalaciones. Los datos de salud se recopilan a través de los sistemas de información del Ministerio de Salud, pero no están integrados con los datos de atención social. El sexto objetivo estratégico de la nueva política nacional de apoyos y cuidados se compromete explícitamente a diseñar un sistema unificado de gestión de la información sobre atención y apoyo para facilitar las derivaciones entre programas, el seguimiento de la cobertura, los resultados de calidad y la evaluación del desempeño del nuevo plan nacional de atención. Esto se identifica como un elemento fundamental para el funcionamiento eficaz del sistema, pero aún no se ha desarrollado ni implementado.

En los últimos años se han producido cambios significativos en las políticas. El sistema nacional de atención Chile Cuida, creado bajo la Ley 21.805, amplió la Red Local de Apoyos y Cuidados, poniendo a prueba un modelo integrado de evaluación, orientación asistencial y derivación local. Esto representa el intento más significativo hasta la fecha de establecer una arquitectura coordinada de atención comunitaria, pero sigue siendo un programa diseñado para atender las necesidades de atención de todos los grupos de edad de la población, incluyendo el cuidado infantil—no relacionado con las necesidades de cuidados de largo plazo—, en lugar de una estructura de cuidados de largo plazo propiamente tal.

El nuevo proyecto de ley del plan nacional de atención reconoce legalmente el derecho a la atención en tres dimensiones: recibir atención, brindar atención y autocuidado. La ley establece la necesidad de crear una estructura de gobernanza específica y fijar estándares de calidad para los proveedores, así como una infraestructura de datos.

El Registro de Cuidadores No Remunerados se ha creado como herramienta para identificar, reconocer y contactar a los cuidadores informales. Se han puesto en marcha servicios piloto de teleasistencia y monitorización remota para personas mayores y personas con discapacidad en situación de aislamiento social.

El sistema de cuidados de Chile presenta importantes deficiencias en varias dimensiones de desempeño. Con respecto a la cobertura, la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia 2022 (ENDIDE) reveló que el 40,3% de los adultos con dependencia funcional carecen de un cuidador permanente; el 24,5% reportan recibir asistencia insuficiente; el 4,9% reportan necesitar asistencia a la que no pueden acceder; y el 44,2% de los adultos mayores reportan que los ingresos familiares no cubren sus gastos de salud (1). En 2018, el programa público de atención más grande alcanzó aproximadamente al 14% de las personas mayores con dependencia, y se estimó que aproximadamente el 5% de quienes necesitaban atención vivían en residencias de ancianos subsidiadas con fondos públicos (41).

Con respecto a la equidad, la prevalencia de la dependencia en el quintil de ingresos más bajos es más del doble que en el quintil más alto (26,7 % frente a 6,2 % entre los adultos de 60 años o más), y el acceso a los servicios de atención formal está fuertemente sesgado hacia las áreas urbanas y de mayores ingresos (1). En cuanto a la efectividad y la calidad, la alta carga que soportan los cuidadores familiares—un 32,4 % de las personas con dependencia tienen cuidadores que experimentan una sobrecarga severa y un 42,9 % tienen cuidadores con síntomas de ansiedad o depresión— indica que el sistema de atención informal está bajo una presión severa y plantea serias dudas sobre la calidad de la atención brindada (1). La fragmentación de más de 50 programas en cinco ministerios sin mecanismos comunes de derivación ni monitoreo erosiona aún más la eficiencia del sistema. La equidad de género sigue siendo un desafío estructural fundamental: las mujeres soportan una carga desproporcionada de cuidados con consecuencias significativas para su participación en el mercado laboral, autonomía económica y bienestar (32).

Durante la pandemia, se produjo una importante retirada de las mujeres del mercado laboral para dedicarse al cuidado de otras personas. Esto representó un retroceso luego de más de una década de creciente participación femenina en el mercado laboral en Chile (42-44). Esta situación puso de manifiesto el papel del cuidado informal como factor que contribuye a las desigualdades de género.

Una lección política más amplia, reconocida explícitamente en la nueva política nacional de apoyos y cuidados, es que la pandemia del COVID-19 expuso las deficiencias estructurales y la fragilidad de los arreglos de prestación de atención existentes y reforzó la urgencia de establecer un sistema de información integrado con datos individualizados sobre usuarios de atención, personal e instalaciones, como requisito mínimo para una política de atención de largo plazo eficaz (1,41). Al inicio de la pandemia, el país carecía de un registro completo de establecimientos, lo que impidió una evaluación oficial del impacto de la pandemia del COVID-19 en términos de casos y muertes en este sector. Un registro de 2019 identificó al menos 200 establecimientos que operaban sin autorización sanitaria, concentrados en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, que atendían a aproximadamente 2000 personas (42).

Una lección clave que dejó la pandemia del COVID-19 es la necesidad de institucionalizar la coordinación intersectorial, fortalecer los sistemas de información sobre residencias de ancianos (1,42) y diversificar la provisión hacia modelos basados ​​en el hogar (concepto del envejecimiento en el hogar) y en la comunidad que sean más resistentes a futuras emergencias sanitarias (42).

Recientemente, Chile dio un paso más hacia la construcción de un sistema público formal de cuidados de largo plazo. En 2024, se aprobó por Decreto Supremo la primera Política Nacional de Apoyos y Cuidados 2025-2030 (PNAC), que establece las bases para el nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), considerado como el cuarto pilar de la protección social (1). Se ha presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley para institucionalizar formalmente el sistema.

El debate académico y político también se ha intensificado en torno a la estructura de financiamiento de un sistema de cuidados de largo plazo, con un creciente argumento a favor de que los países latinoamericanos avancen hacia un modelo formal de seguro social para la atención de largo plazo que garantice la sostenibilidad fiscal, la mancomunación de riesgos, la protección contra la selección adversa y mayores incentivos para la formalización laboral (11,45). Chile podría beneficiarse de la experiencia de países como Alemania, Japón, China y la República de Corea, que han abordado este desafío mediante seguros sociales de cuidados de largo plazo.

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