Alexander Chaverri-Carvajal (Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona, España).

Nota: este es un perfil actualizado; el anterior fue publicado en 2023, en inglés.

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El sistema de CLD de Costa Rica cumplirá cinco años el 4 de marzo de 2026. Fue establecido mediante Decreto Ejecutivo en 2021 y posteriormente formalizado por ley nacional en 2022^[1]. Representa el primer sistema nacional de CLD en un país de ingresos medios ^[2]. El sistema hereda un panorama preexistente de servicios subsidiados por el Estado, subdesarrollados, fragmentados y limitados principalmente a centros diurnos y un pequeño número de residencias, operadas por instituciones de bienestar social. La provisión privada de servicios de CLD es escasa, por lo que la mayoría de los cuidados son provistos de manera informal por mujeres en el ámbito familiar. La atención comunitaria a personas mayores, que constituye el núcleo del sistema en Costa Rica, está descentralizada en su prestación. La ley establece que el sistema se gestiona a nivel nacional y que el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social (MDHIS) puede coordinar y transferir recursos a los gobiernos locales.

El marco de gobernanza se basa en el Decreto Ejecutivo 42878-MP-MDHIS, la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 titulada “Hacia la implementación progresiva de un Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia”^[3] y la Ley N.° 10192, que establece la “Creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyo para Adultos y Adultos Mayores en Situación de Dependencia (SINCA)”^[4].

El sistema agrupa diferentes instituciones que deben adaptar sus programas para incluir la atención a personas dependientes. La población objetivo son los adultos evaluados como dependientes. El SINCA opera bajo el paraguas del MDHIS.

El SINCA es gestionado por la Secretaría Nacional de Cuidados, adscrita al Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Su función principal es organizar y coordinar las medidas y recursos de las distintas instituciones que integran el SINCA para la coordinación interinstitucional. El Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Aprendizaje forman parte del sistema. Su inclusión, en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, tiene como objetivo generar un mecanismo que facilite la (re)inserción laboral de las mujeres, tanto como cuidadoras capacitadas como en los casos en que tuvieron que abandonar su empleo para cuidar a una persona dependiente en el hogar al no contar con otra alternativa.

El SINCA tiene dos niveles de organización. A nivel nacional, reúne la gestión de las instituciones que integran el sistema, donde se toman las decisiones de alto nivel. A nivel regional, los Consejos Intersectoriales Regionales del área social coordinan todo lo relativo a la cobertura y adecuación de las prestaciones.

Antes de la promulgación del SINCA, los programas de cuidado estaban restringidos únicamente a personas pobres o vulnerables. La nueva política avanzará progresivamente hacia la universalidad de la atención. Los servicios del SINCA también están disponibles para personas que no son pobres, pero deben contribuir mediante copagos. El monto de los copagos debía publicarse en noviembre de 2023 según mandato legal; sin embargo, a abril de 2026, esto no se ha realizado.

Dentro del Sistema Nacional de Cuidados, las instituciones están organizadas en cuatro secciones:

• Coordinación. A cargo del MDHIS y la Secretaría Nacional de Cuidados.
• Comité Interinstitucional. Con cuatro subgrupos: a) Prestación de Servicios; b) Calidad y Empleabilidad; c) Gestión de Recursos; y d) Inteligencia de Datos. Esta sección comprende instituciones con un rol rector en discapacidad, personas mayores, salud pública, formación de capacidades e intermediación laboral.
• Coordinación regional. Seis consejos intersectoriales regionales distribuidos en el territorio nacional.
• Evaluación. Realizada en el consejo interministerial del área social, presidido por el/la Presidente/a de la República, con acompañamiento técnico del MDHIS y el Ministerio de Planificación y Política Económica.

Financiamiento y cobertura

El inicio del sistema estuvo marcado por la austeridad fiscal del país, lo que implica escasez de financiamiento público. Todos los servicios se financian mediante impuestos generales y copagos. La principal fuente es el financiamiento público a través de los ingresos del Estado. Adicionalmente, a partir de 2025 se implementarán copagos según el nivel de ingresos, aunque los montos aún no han sido determinados. Actualmente, el gasto público total en CLD para personas de 18 años o más se estima en el 0,1% del PIB. El SINCA tiene previsto invertir hasta el 0,52% del PIB en el quinto año de implementación.

Aunque desde julio de 2025 Costa Rica es considerado un país de ingresos altos, en comparación con otros países miembros de la OCDE, que destinan en promedio el 1,5% del PIB^[5], Costa Rica inició la implementación del SINCA en 2021 invirtiendo aproximadamente el 0,1% de su PIB en CLD social^[6][7]. Casi cuatro años después, su presupuesto alcanza el 0,12%, y el sistema cubre apenas el 5% de los adultos mayores dependientes^[8]. Los principales desafíos para la implementación incluyen la coordinación y la identificación de nuevas fuentes de financiamiento.

La CLD está regulada de dos maneras. Primero, la calidad de la formación de los trabajadores es responsabilidad del Instituto Nacional de Aprendizaje, que cuenta con un plan de estudios para certificar y desarrollar competencias laborales. Segundo, en cuanto a la calidad de los servicios prestados en centros diurnos y residencias de larga estancia, el Ministerio de Salud realiza inspecciones para verificar que los servicios se presten conforme a sus estándares de operación y licenciamiento. Las calificaciones de calidad de los proveedores no son divulgadas públicamente.

El sistema busca evitar la institucionalización, haciendo énfasis en los servicios domiciliarios y comunitarios para que las personas permanezcan en sus comunidades el mayor tiempo posible. Comprende cinco servicios: atención domiciliaria, residencias de larga estancia, teleasistencia domiciliaria, centros diurnos y transferencias en efectivo, así como prestaciones para mujeres cuidadoras.

La atención domiciliaria está establecida como el servicio principal. Comprende un máximo de 80 horas mensuales y tiene como objetivo cubrir el 80% de las necesidades de quienes presentan dependencia significativa en el período 2021-2031. El 20% restante se cubrirá progresivamente mediante la expansión de la atención residencial. La teleasistencia domiciliaria aspira a cubrir el 100% de las necesidades de quienes presentan el mayor grado de dependencia (crítica) y el 70% de las necesidades de las personas con dependencia severa. Los centros diurnos están reservados para adultos mayores con dependencia severa y crítica, y se espera que el 10% de esta población los utilice. En conjunto, el sistema está diseñado para cubrir las necesidades del 55,9% de la población dependiente total para 2031.

La atención domiciliaria es prestada por personas que han completado la formación de auxiliar de CLD del Instituto Nacional de Aprendizaje. Pueden inscribirse de forma independiente en el Programa Nacional de Empleo (PRONAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) o a través de agencias sin o con fines de lucro acreditadas por el Ministerio de Salud. Hasta la fecha, el gobierno no ha desarrollado este servicio. La única acción tomada ha sido crear un sitio web con perfiles de cuidadores, para que quienes los necesiten puedan buscarlos, contratarlos y pagar el 100% del costo sin financiamiento público. Esto ha sido descrito como una especie de “Uber del cuidado”^[10].

Centros diurnos: agencias sin o con fines de lucro acreditadas por el Ministerio de Salud. Datos de junio de 2025 indican que un total de 1.614 personas mayores reciben el servicio.

Respiro: estos servicios serán desarrollados por las instituciones públicas responsables de personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, pobreza y salud.

Aproximadamente 1.618 personas mayores viven en 125 hogares de cuidado en todo el país. Todos los hogares son administrados y gestionados por organizaciones sin fines de lucro, que reciben financiamiento público del gobierno central y ocasionalmente de los gobiernos municipales. El Ministerio de Salud preautoriza su operación y, con el establecimiento del SINCA, también fue asignado a crear y verificar estándares de calidad.

De los 84 gobiernos locales, 50 están reconocidos como Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Sin embargo, las acciones concretas en la prestación de servicios de CLD siguen siendo limitadas.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofrece tres programas de formación distintos para cuidadores formales: a) dedicado al cuidado de personas mayores, con 723 graduados; b) enfocado en la formación de asistentes personales para personas con discapacidad, con 758 certificados; c) abierto a quienes hayan completado los dos anteriores, destinado a personas en situación de dependencia, con 116 graduados. Los datos oficiales a junio de 2025 indican que existen 1.597 cuidadores formalmente capacitados en Costa Rica^[12].

Seguro para cuidadores formales: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) promoverá la cobertura de seguridad social para los cuidadores remunerados. Actualmente, solo está disponible el seguro de salud, sin aportaciones a derechos y prestaciones laborales.

Desde 2013, el país cuenta con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), que proporciona información actualizada sobre la población que utiliza servicios sociales y establece criterios de priorización para garantizar el acceso equitativo. En el caso de los servicios del SINCA, en 2024 el MDHIS incorporó la escala de valoración (baremo) en el SINIRUBE, lo que permite conocer el nivel de dependencia de las personas evaluadas y filtrarlas según su nivel de pobreza para la priorización.

De septiembre de 2024 a septiembre de 2025, el Gobierno Local de Heredia llevó a cabo y financió una evaluación experimental de la teleasistencia domiciliaria para personas dependientes. El estudio buscó evaluar el impacto del piloto en cuatro áreas clave: (a) mejora de la calidad de vida de las personas dependientes, (b) reducción de visitas hospitalarias innecesarias, (c) promoción del uso correcto de medicamentos, y (d) resultados para los cuidadores, incluyendo agotamiento y participación laboral de los cuidadores familiares. Se realizó un ensayo controlado aleatorio (ECA) con 634 adultos mayores dependientes y sus cuidadores familiares. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a recibir servicios de teleasistencia domiciliaria o a permanecer en un grupo de control. Se aplicó un cuestionario estructurado para evaluar las cuatro dimensiones mencionadas. Los resultados mostraron que la teleasistencia mejoró la calidad de vida de las personas atendidas, redujo el agotamiento de los cuidadores, mejoró el uso de medicamentos y disminuyó las visitas hospitalarias. El programa mostró un impacto limitado en la habilitación de la participación laboral de los cuidadores. Los hallazgos subrayan el potencial de los programas de teleasistencia para fortalecer el sistema SINCA. A abril de 2026, Heredia cuenta con 520 personas mayores dependientes inscritas y, tras la difusión de los resultados, otros ocho municipios están prestando servicios similares a menor escala.

La principal dificultad del SINCA es que fue creado sin financiamiento nuevo, y este todavía no está en marcha. Desde su lanzamiento durante la pandemia, ha enfrentado severas restricciones fiscales, recortes de empleo público y una débil coordinación interinstitucional, lo que retrasó casi tres años la implementación del Baremo. Como resultado, los servicios de atención domiciliaria no se han desarrollado, el pago por cuidados ha sido sobreutilizado en hogares pobres^[13], y los gobiernos locales han tenido que asumir responsabilidades sin transferencias del gobierno central, ampliando las brechas de cobertura entre zonas urbanas y rurales. El mayor desafío para fortalecer el SINCA es obtener nuevo financiamiento e integrar sus servicios sociales y de salud, trabajando conjuntamente con el sólido Sistema de Seguridad Social y de Salud del país (CCSS).

Desde el COVID, la CCSS ha brindado más de 25.000 citas de telesalud médica^[14]. Sin embargo, sigue operando de manera separada al SINCA, y no se han integrado servicios sociales y de salud coordinados.

Se ha presentado una propuesta de reforma constitucional para incorporar en la Constitución Política el reconocimiento del derecho al cuidado, estableciendo como obligación del Estado la creación de servicios públicos de cuidado, así como el reconocimiento del trabajo dedicado al cuidado como fuente esencial de protección social y de generación de bienes y servicios para la actividad económica ^[15]. La reforma está en la agenda legislativa y está programada para ser votada en mayo de 2026.

Cuatro cambios recientes merecen atención. Primero, la reglamentación cerró el acceso a los servicios a las personas que no se encuentran en situación de pobreza. Segundo, una prestación económica por cuidados está dirigida a mujeres de bajos ingresos que cuidan a personas con dependencia severa. Tercero, la plataforma cuidar.cr permite a cuidadores y personas que necesitan cuidados ofrecer y contratar servicios de atención domiciliaria sin subsidios públicos. Cuarto, tras un ensayo controlado aleatorio exitoso en Heredia, otros gobiernos locales están introduciendo servicios de teleasistencia; sin embargo, estos se financian exclusivamente con recursos municipales, sin apoyo nacional, lo que puede ampliar las brechas de cobertura.

Chaverri-Carvajal, A. (2026) Perfil del sistema de cuidados de larga duración: Costa Rica, 2026. Global Observatory of Long-Term Care, Care Policy and Evaluation Centre, London School of Economics and Political Science. DOI: 10.5281/zenodo.21066503 https://goltc.org/system-profile/costa-rica-2026-en-espanol/ 

Chaverri-Carvajal, A., & Alvarenga Fournier, X. (2026). Cuidados de larga duración no remunerados en Costa Rica: ahorro estatal y deuda social. Gaceta sanitaria, 40 Suppl 2, 102579. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2026.102579

Chaverri-Carvajal, A., & Matus López, M. (2026). Perfiles de personas adultas mayores dependientes y sus cuidadoras en Costa Rica. En A. S. Solano Acuña, S. Rodríguez Brenes y M. Hernández Ramírez (Eds.), Prácticas socioculturales y políticas de los cuidados (pp. 231-252). Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO): Línea Editorial Género y Diversidad Cultural, Universidad Nacional, Costa Rica.

Chaverri-Carvajal, A. (2025). Evaluating Care Innovations: A RCT of Home Teleassistance for Older Adults in Need of Care in Costa Rica. Innovation in Aging, 9(Suppl 2), igaf122.2688. https://doi.org/10.1093/geroni/igaf122.2688

Chaverri Carvajal, A. (2025). Mapeo del sistema de cuidados para la población adulta mayor y alternativas para aumentar la cobertura y la sostenibilidad financiera. Ponencia preparada para el Informe Estado de la Nación 2025. San José: PEN-Conare y Fundación Yamuni. Available at: https://repositorio.conare.ac.cr/items/9d831230-ac01-44cb-ae37-62e456039013

Chaverri-Carvajal, A, Arguedas Navarro, K. (2024). Gobierno local de Heredia: Protocolo de evaluación experimental de impacto del primer piloto de teleasistencia domiciliaria en Mesoamérica. Actas de Coordinación Sociosanitaria, (35), pp 124-161.  https://doi.org/10.48225/ACS_35_5

Chaverri-Carvajal, A. y Matus-López, M. (2023). Cuidar a las cuidadoras, ¿Lo entendió Costa Rica en la pandemia?. Actas de Coordinación Sociosanitaria, (33), pp 74-91. https://doi.org/10.48225/ACS_33_74

Chaverri-Carvajal, A, Matus-López, M. (2023). Impact Evaluation of Cash-For-Care in Latin America’s New Long-Term Care Policies: A Randomized Controlled Trial Pilot Study in Costa Rica. Journal of applied gerontology: the official journal of the Southern Gerontological Society, 7334648231188284. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/07334648231188284

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^[1] Chaverri-Carvajal A, Matus-López M. Cuidados de larga duración en Costa Rica: enseñanzas para América Latina desde la evidencia internacional. Revista Panamericana de Salud Pública. 2021; 45: e146. https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.146

^[2] Matus-López M, Chaverri-Carvajal A. Progress Toward Long-Term Care Protection in Latin America: A National Long-Term Care System in Costa Rica. Journal of the American Medical Directors Association. 2022; 23(2):266-271. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2021.06.021

^[3] Gobierno de Costa Rica. Decreto Ejecutivo 42878-MP-MDHIS, 3 de marzo de 2021. Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica.

^[4] Ley N.° 10192. “Creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyo para Adultos y Adultos Mayores en Situación de Dependencia (SINCA).”

^[5] OCDE (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, París. https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en

^[6] Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Política Nacional de Cuidados 2021-2031: Hacia la implementación progresiva de un Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia en Costa Rica. San José: IMAS/MDHIS; 2021.

^[7] Matus-Lopez M, Chaverri-Carvajal A, Jara Maleš P. O desafio de envelhecer na América Latina: cuidados prolongados na Costa Rica. Saúde E Sociedade. 2022; 31(1): e201078. https://doi.org/10.1590/S0104-12902022201078

^[8] Chaverri Carvajal, A. 2025. Mapeo del sistema de cuidados para la población adulta mayor y alternativas para aumentar la cobertura y la sostenibilidad financiera. Ponencia preparada para el Informe Estado de la Nación 2025. San José: PEN-Conare y Fundación Yamuni.

^[9] Reglamento de la Ley para la Creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyo para Adultos y Adultos Mayores en Situación de Dependencia (SINCA), Decreto Ejecutivo N.° 44242-MDHIS-MTSS-MP.

^[10] Encuentra el cuidador que mejor se adapte a tus necesidades. https://cuidar.cr/

^[11] Chaverri-Carvajal, A, Arguedas Navarro, K. (2024). Gobierno local de Heredia: Protocolo de evaluación experimental de impacto del primer piloto de teleasistencia domiciliaria en Mesoamérica. Actas de Coordinación Sociosanitaria, (35), pp 124-161. https://doi.org/10.48225/ACS_35_5

^[12] Instituto Nacional de Aprendizaje. (2025). Programas de Formación. Disponible en: https://www.ina.ac.cr/SitePages/nucleos/saludculturaartesanias.aspx

^[13] Chaverri-Carvajal, A. y Matus-López, M. (2023). Cuidar a las cuidadoras, ¿Lo entendió Costa Rica en la pandemia? Actas de Coordinación Sociosanitaria, (33), pp 74-91. https://doi.org/10.48225/ACS_33_74

^[14] https://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2020/11/LINEAMIENTOS-Modalidades-alternativas-a-la-atencion-presencial.pdf

^[15] Proyecto de Ley 23.448. “Adición de un segundo párrafo al artículo 51 y al artículo 56 de la Constitución Política para el reconocimiento de los cuidados como derecho constitucional.” Asamblea Legislativa, República de Costa Rica.

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